Cadena perpetua: ¿linda idea, malos resultados?

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Por Salome Guerrero** y Nicolás Peña*

 

El presidente electo Iván Duque anunció que impulsará la propuesta de un referendo para que los colombianos votemos a favor o en contra de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Similar al referendo propuesto por la ex Senadora Vivian Morales sobre la adopción igualitaria, que buscaba someter a voto popular decisiones acerca de minorías o sobre cierta población y/o personas del país, la iniciativa del presidente Iván Duque abre la puerta a debates sobre la efectividad, el costo económico y humanitario de estas iniciativas, además de la pertinencia legal de someter la protección y derechos de la población a lo que opinen las mayorías.

De acuerdo con el Articulo 13 de la constitución colombiana “todas las personas nacemos iguales ante la ley y el Estado deberá adoptar medidas que garanticen la igualdad a grupos discriminados”. La crisis del sistema carcelario colombiano, documentada y divulgada ampliamente en los últimos años, muestra la inefectividad estatal para proteger los derechos de la población privada de la libertad, especialmente si tenemos en cuenta que no existe la infraestructura apropiada, las condiciones de hacinamiento son extremas y el acceso a servicios de salud son bastante precarios (Kooyman, 2018). Antes de analizar qué tan efectiva sería la propuesta del presidente Duque frente a la disminución de abuso sexual de menores, lo cierto es que esta continuaría con la extensa violación de los derechos fundamentales por parte del Estado colombiano en contra de la población carcelaria, ya que, cabe recordar, también en nuestra constitución, en el articulo 34, se declara la prohibición de la prisión perpetua.

A pesar de las iniciativas de ciertos sectores políticos, es necesario entender que garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los colombianos no puede ser delegado a la soberanía de las mayorías. Este es uno de los fines esenciales del Estado y uno de los deberes constitucionales de la sociedad colombiana. Esto toma una relevancia diferente cuando entendemos que la literatura ha encontrado que el comportamiento de los votantes en referendos no se guía tanto por una consideración personal y detallada de cada uno de los puntos planteados, sino en afiliación a los partidos políticos y las iniciativas que estos apoyan (Marsh, 2017).

En segundo lugar, la política del aumento de penas se basa en dos ideas principalmente: alejar a los criminales de la sociedad y desincentivar que otros potenciales cometan estos delitos. Tiene sentido. Sin embargo, muchas políticas, a pesar de tener una lógica clara como esta, fallan y no generan los efectos esperados. Es necesario también mirar si los beneficios son mayores a sus costos. ¿Cómo asegurarnos de usar políticas eficaces? La respuesta es clara, usando evidencia.

¿Alejar a los criminales de la sociedad sí rebaja el número de delitos? Las políticas de encarcelamiento pueden llegar a tener efectos sobre el total de crímenes cometidos, sin embargo, mayores penas hacen que este efecto sea menor. Estudios en Italia, Países Bajos y Estados Unidos muestran que a mayores penas (como la cadena perpetua) menor es el efecto de alejar a los criminales sobre el número de delitos cometidos. Igualmente, a mayor número de presos, el efecto también es menor. (Vollaard 2013; Johnson and Raphael 2012; Buonanno and Raphael 2013). ¿Penas más fuertes desincentivan a otros criminales? No hay evidencia que sustente esta idea. (Chalfin and McCrary 2017)

¿Es mayor el beneficio que el costo? Acá no hay consenso. Algunos estudios dicen que es mayor el beneficio, otros que el costo. ¿Qué costos puede generar esta política? Mayores costos de mantenimiento de cárceles, de sostenimiento de prisioneros, efectos negativos económicos y psicológicos sobre la familia del prisionero, efectos psicológicos (extra) sobre el criminal, aumento en la probabilidad de infección de VIH/SIDA, disminución en la probabilidad de obtener un empleo después de salir de la cárcel, entre otros. (Johnson and Raphael 2010)

En este caso, es importante girar nuestra mirada hacía alternativas que resulten más eficaces protegiendo a los niños de estos delitos. Una de las alternativas propuesta es la castración química, la cual ha sido usada en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos para disminuir el deseo sexual de los agresores. A pesar de las consecuencias negativas en la salud, el costo económico de su implementación, y el problema ético y de violación de Derechos Humanos, esta opción ha sido considerada, pues parece reducir en un 45 a 48% la probabilidad de reincidencia. Sin embargo, expertos sugieren que estos resultados deben ser acompañados por psicoterapia debido a los factores psicológicos que hacen parte de la agresión sexual (Lee & Cho, 2013).

Estos factores deben ser considerados al conceptualizar intervenciones preventivas o correctivas en contra del abuso de menores. La literatura sugiere que individuos que han incurrido en agresiones sexuales en contra de menores experimentan más soledad, déficit de intimidad y problemas de autorregulación; factores de riesgo que pueden predecir la reincidencia de los agresores. (Bumby & Hansen, 1997; Hanson et al., 2007; Neutze, et al., 2011). Intervenciones como las realizadas por el Proyecto Dunkelfeld se centran en cambiar el sentido de responsabilidad de agresores y potenciales agresores, y parecen ser eficaces en disminuir estos factores de riesgo (Beier, 2015). De la misma manera, programas como los Círculos de Apoyo y Responsabilidad (COSA, por sus siglas en ingles), los cuales enfatizan en la reintegración social de los agresores sexuales en las comunidades, han encontrado un 83% de reducción en la posibilidad de reincidencia en agresiones sexuales, resultados más esperanzadores en comparación a largas sentencias o la castración química (Wilson, Cortoni & McWhinnie, 2009). Igualmente, algunos estudios también han trabajado en el rol de la educación sobre la probabilidad de que las personas cometan algún tipo de delito, lo que nos podría plantear la importancia de enfocar esfuerzos en la prevención de este tipo de delitos (Lochner and moretti, 2004).

Para concluir, en un país como Colombia donde la población carcelaria es alta y la probabilidad de ser capturado es baja, la evidencia y estudios desvelan que este tipo de políticas no tendrían resultados, y más aún, sus costos pueden exceder sus beneficios. Ahora, si tenemos en cuenta los estudios psicológicos y económicos que giran en torno a este tema, los violadores y asesinos sí tienen posibilidad de cambio, a diferencia de la creencia popular. Y mejor aún, existen formas más eficaces, menos costosas y con menor impacto social que la cadena perpetua. Todos queremos y deseamos castigos justos para los delincuentes, más cuando hablamos de delitos sexuales contra nuestros niños, es por eso que es necesario plantear este tipo de discusiones. Esperamos que el próximo presidente base sus políticas basado en evidencia científica y estudios, no en políticas populistas que puedan tener efectos negativos.

** Psicóloga de la Universidad de los Andes

* Economista de la Universidad de los Andes

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Instagram: @elmaleconomista 

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Beier, K. M., Grundmann, D., Kuhle, L. F., Scherner, G., Konrad, A., & Amelung, T. (2015). The German Dunkelfeld Project: A pilot study to prevent child sexual abuse and the use of child abusive images. The journal of sexual medicine, 12(2), 529-542.
Buonanno, Paolo, and Steven Raphael. 2013. “Incarceration and Incapacitation: Evidence from the 2006 Italian Collective Pardon: Dataset.” American Economic Review. http://dx.doi.org/10.1257/ aer.103.6.2437
Chalfin, Aaron, and Justin McCrary. 2017. “Criminal Deterrence: A Review of the Literature.” Journal of Economic Literature, 55 (1): 5-48.
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Johnson, Rucker, and Steven Raphael. 2012. “How Much Crime Reduction Does the Marginal Prisoner Buy?” Journal of Law and Economics 55 (2): 275–310.
Kooyman, E. (2018, March 04). Elke Kooyman. Retrieved August 16, 2018, from https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10926-la-crisis-del-sistema-carcelario-reformas-que-agravan-el-problema.html
Lee, J. Y., & Cho, K. S. (2013). Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians’ Views. Journal of Korean Medical Science, 28(2), 171–172. http://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171
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Marsh, M. (2017). Voting behaviour in referendums. In Routledge Handbook of Elections, Voting Behaviour and Public Opinion (pp. 256-266). London: Taylor and Francis.
Neutze, J., Seto, M. C., Schaefer, G. A., Mundt, I. A., & Beier, K. M. (2011). Predictors of child pornography offenses and child sexual abuse in a community sample of pedophiles and hebephiles. Sexual Abuse, 23(2), 212-242.
Vollaard, Ben. 2013. “Preventing Crime through Selective Incapacitation.” Economic Journal 123 (567): 262–84.
Wilson, R. J., Cortoni, F., & McWhinnie, A. J. (2009). Circles of support & accountability: A Canadian national replication of outcome findings. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 21, 412-430. doi:10.1177/1079063209347724
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