“Estimado usuario, tu Rappi está en huelga”: los riesgos de una inapropiada regulación

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Recordemos la pequeña crisis colectiva que se presenta cuando deja de funcionar WhatsApp o Facebook. Ahora pensemos en un domingo, día nacional del domicilio en Colombia, en el cual la dieta del estudiante o del adulto contemporáneo promedio depende de plataformas digitales como Rappi —al menos en Bogotá—. Teniendo en cuenta esto, imaginemos que pedimos un domicilio y en lugar de recibir un mensaje que diga tu Rappi está afuera, llegara uno de tu Rappi está en huelga. Esto podría ser una realidad de aprobarse el reciente proyecto de ley sobre trabajo digital.

Por: Juan Felipe Gutiérrez Álvarez

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El proyecto de ley se ocupa de las condiciones laborales de las personas que prestan un servicio a plataformas digitales de manera discrecional, sin subordinación y sin horario determinado, sobre todo porque este tipo de trabajadores no encajan en las normas laborales actuales. Este es un tema importante y ampliamente discutido en otras latitudes, y si bien debemos reconocerle al congresista que pretenda crear la denominación de Trabajador Digital (TD)[1], y comprenda la necesidad de crear nuevas estructuras legales para responder a las dinámicas actuales, el proyecto de ley es un intento forzado para aplicar normas antiguas a esta nueva denominación de trabajador.

Según el proyecto, todos los colaboradores de Rappi o Uber podrán prestar sus servicios a estas plataformas si se encuentran activos en pensiones, salud y riesgos profesionales, lo cual es apenas prudente y se compadece con la intención de reducir la informalidad; sin embargo, las normas aplicables para la afiliación y pago serán las mismas que rigen para los demás trabajadores en materia de seguridad social, y ninguna consideración se realizó sobre las modalidades[2] que puede presentar el trabajo digital.

Conforme a la redacción del proyecto, los colaboradores que se dediquen de forma parcial al TD, incluidos los estudiantes universitarios que acuden a estas plataformas para obtener ingresos extra, se verán obligados a cumplir una meta de ingresos de por lo menos dos salarios mínimos, de lo contrario, no entrarían en la definición de trabajador digital y, consecuentemente, las empresas de intermediación digital no podrían vincularlos como tales. Además, las cotizaciones se realizarían con base en una expectativa de ingreso ficticia que, de no cumplirse, el TD podría pagar en seguridad social más de lo que ganó por su trabajo.

Por otro lado, y de forma negativa para la economía colaborativa (EC)[3], en el proyecto de ley se obliga a los TD y a las empresas de intermediación, conjuntamente, a obtener pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual y, exclusivamente a las empresas de intermediación, asumir pólizas de riesgos específicos y seguros de vida.

Para el legislador, al parecer, todas las plataformas de intermediación digital son empresas multimillonarias como Airbnb, Uber, Rappi o BlaBlaCar, y olvidó que, en palabras del BID, “la diversidad de actores en la EC van mucho más allá de las grandes empresas nacientes. En lo local y lo comunitario es seguramente donde existe una mayor posibilidad de impacto social de este tipo de economía, dado que permite satisfacer una necesidad social a la vez que genera una oportunidad económica”[4]; además, el proyecto de ley deja por fuera a los proveedores, desconociendo que “en promedio, más del 85% del valor de las operaciones facilitadas por plataformas de EC lo recibe el proveedor y no la plataforma”[5].

Finalmente, el proyecto reconoce garantías de asociación a los TD, sin tener en cuenta la historia sindical de América Latina que, por un lado, ha logrado el reconocimiento de importantes derechos laborales y, por otro, ha sido el vehículo para generar una ineficiencia laboral y para realizar exigencias desmesuradas a las empresas.

Si existe o no una debilidad contractual con los trabajadores digitales, es una discusión superada: claro que existe. Es precisamente por este hecho que en países como España, por ejemplo, tenemos la figura de los autónomos, y en Francia el Estatuto del Auto-emprendedor, ambas normativas que se han construido teniendo en cuenta las particularidades de las nacientes empresas y para dar respuesta al impacto de las nuevas economías en materia laboral.

Pensar en la seguridad social de quienes trabajan para plataformas como Rappi, nos hace meditar en la precarización laboral; sin embargo, admitir una regulación general de trabajo digital como la propuesta en el proyecto de ley, y sobre todo en materia de seguridad social, sería desconocer la gran variedad de empresas que se encuentran en el mercado, y que sus trabajadores no están en la calle expuestos las 24 horas del día sino en la comodidad de sus casas dedicando el tiempo que les sobra o que quieren utilizar para obtener un dinero extra, esas personas que para el 2020 se estima que sean el 50% de la fuerza laboral del país, según cifras de MinTIC.

Velar por las mejores condiciones laborales, disminuir la informalidad e impedir la precarización del trabajo en la economía digital y colaborativa, son objetivos loables y necesarios que se lograrán repensando las estructuras jurídicas antiguas y creando nuevas a partir de las dinámicas sociales y económicas del mundo actual. Recordemos que la EC y digital aún está en desarrollo, y regulaciones hechas sin concertar las necesidades propias de la empresa y el trabajador, pueden impedir su crecimiento y evolución.

 

[1]Serán trabajadores digitales las personas naturales que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y en el ámbito de dirección y organización de una Empresa de Intermediación Digital, una actividad económica o profesional a título lucrativo y que represente para el trabajador digital un ingreso mensual de por lo menos dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta actividad podrá realizarse por cuenta propia, a tiempo completo o a tiempo parcial. Los trabajadores digitales son una parte integral del modelo económico de las Empresas de Intermediación Digital”.

[2] Trabajadores de tiempo parcial con segunda fuente de ingresos; trabajadores de tiempo completo con única fuente de ingresos; y estudiantes.

[3] De la cual hacen parte las plataformas de intermediación digital.

[4] Banco Interamericano de Desarrollo: Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe.

[5] Ibidem.

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