Publicado el 27 Mayo, 2019

Impuestos ambientales: ¿para qué pagarlos?

¿Son realmente útiles los impuestos ambientales? cuando, por ejemplo, con relación a los 476.000 millones de pesos recaudados por el impuesto del carbono, al Ministerio de Ambiente solo le corresponde el 30%


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Los últimos impuestos ambientales aparecieron en 2016 con el llamado impuesto nacional al carbono, el cual fue presentado y aprobado con bombos y platillos por el Gobierno de turno como un aporte al compromiso de Colombia en la COP21 de París para la disminución de gases de efecto invernadero (GEI); luego la Ley 1819 estableció el impuesto a las bolsas plásticas. Para 2019, esos impuestos han tenido un recaudo importante, pero el destino de esos recursos fue hábilmente desfigurado, o mejor lo decimos como es, hubo conejo tal y como lo intuimos en una columna anterior.

Ahora veremos en qué quedaron las buenas intenciones de esos dos impuestos, con relación al valor recaudado, el destino de dichos recursos y por qué no pagar impuestos ambientales es más rentable para disminuir los dineros perdidos por culpa de la corrupción. Dos impuestos cuya razón de ser era dar financiamiento a programas ambientales, la conservación de fuentes hídricas, manejo de la erosión costera, reducción de GEI, ayuda a las áreas protegidas, entre otras labores en pro del medio ambiente.

De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó 476.000 millones de pesos con el impuesto al carbono, y 6.500 millones por el impuesto a las bolsas plásticas en 2017 y 13.300 millones en el primer semestre de 2018.

Con relación a los 476.000 millones de pesos recaudados por el impuesto del carbono, al Ministerio de Ambiente solo le corresponde el 30%, es decir, 148.800 millones. El resto pasará a manos del Fondo Colombia en Paz, el cual está a cargo del cumplimiento de los acuerdos de paz y las actividades del posconflicto. Ahora bien, los 19.800 millones del impuesto recaudado por las bolsas plásticas no tiene una destinación específica de acuerdo con lo plasmado en la Ley 1819 de 2016.

El punto de análisis es que el objetivo de crear esa ley consistía en desincentivar el uso de las bolsas plásticas, y dado que hay un incremento del 51% en el recaudo, significa que la gente consumió más bolsas plásticas, lo cual es alarmante para el medioambiente y permite evidenciar que el objetivo de la ley no se está cumpliendo, así la DIAN celebre que el recaudo de este impuesto ha aumentado para sus arcas.

Entonces, hay dos impuestos que recaudan cifras considerables, pero su destinación a temas medioambientales es solo un pequeño porcentaje en uno de ellos (carbono) y en el otro (bolsas de plástico). No se tiene claro para dónde va ese dinero, recordando que ambos impuestos son cobrados a los colombianos por la derecha, así que no hay evasión por parte de nosotros los contribuyentes para ese pago. 

Esto nos lleva a pensar para qué se pagan esos impuestos denominados verdes, si la calidad del aire se mantiene en niveles críticos por causa de la contaminación, la tasa de deforestación va en aumento y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo tiene todas las condiciones necesarias para que las cosas continúen así o peor. Por ejemplo, están las áreas protegidas, que de protegidas solo tienen el título, porque hay una ausencia total del Estado, un presupuesto efímero y en el mejor de los casos un solo guardaparques cuidando miles de hectáreas. Es muy poco lo que pueden hacer, más si están amenazados por grupos al margen de la ley y personas interesadas en tumbar árboles para hacer ganadería extensiva.

Por otra parte, están las fuentes hídricas, las cuales están a expensas de ser degradadas por proyectos mineros o de infraestructura y, además, se encuentran sin funcionar los famosos esquemas de pagos por servicios ambientales como un instrumento de protección de dichas zonas productoras de agua para acueductos veredales, rurales y urbanos.

Ahora bien, ¿qué pasa con esos dineros de los impuestos verdes? Es posible que estén dentro de los 17 billones de pesos perdidos en hechos de corrupción. ¿Hacia dónde estarán siendo dirigidos? Porque no se ve en qué están invirtiéndose. Si cada vez que estructuran el presupuesto general de la Nación, el Gobierno de turno le reduce recursos al Ministerio de Ambiente y sus entidades adscritas, la pregunta es muy lógica: ¿para qué pagar impuestos ambientales o verdes si no se destinan para lo que realmente fueron creados? 

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