Publicado el 17 Febrero, 2019

Legislar en tiempos de innovación

En tiempos de innovación, parece que lo único que no avanza a la misma velocidad es la legislación, ejemplo claro de esto son las apps de servicio de transporte.


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Para el legislador, todos somos sus hijos, y por eso nos sobreprotege. Los padres de la patria piensan que las criptomonedas son una estafa, el crowdfunding es una pirámide, el Fintech no es seguro, el Blockchain es un cuento chino, y que todo en conjunto son inventos y fantasías de quienes serían el equivalente peyorativo de los jipis: emprendedores y millennials. De ahí que la respuesta a la innovación en ocasiones sea una regulación inadecuada, una sobreregulación o una prohibición; en tiempos de innovación, parece que lo único que no avanza a la misma velocidad es la legislación.

De tiempo atrás sabemos, por ejemplo, que el poder disuasorio de las penas de cárcel se pierde cuando se alcanza determinado umbral, lo que quiere decir que las consideraciones para una persona que comete un delito son las mismas si se enfrenta a una pena de 20, 30 o más años. Ahora, siguiendo la misma lógica y por fuera del ámbito del derecho penal, resulta que la medida adecuada para responder a las convulsiones sociales y económicas que han generado plataformas como UBER, es castigar a la fuerza laboral con la cancelación de las licencias de tránsito hasta por 25 años, como si el trabajador, por evitarse la sanción, pudiera simplemente dedicarse a buscar otro empleo aun teniendo que pagar deudas, sostener a su familia y llegar a fin de mes con un mínimo de calidad de vida en un país donde las oportunidades laborales abundan.


En Colombia, el 51,7% de los hogares unipersonales tiene ingresos de por lo menos 1 SMLMV, y en los hogares de cinco o más personas el 52,7% obtiene ingresos de por lo menos 2 SMLMV. Por otro lado, el 38,4% de los ingresos totales en el área urbana son obtenidos por personas que ganan en promedio $9.776.000, el 15.8% por quienes ganan en promedio $4.018.000, y el 11.4% por quienes ganan en promedio $2.888.000, así que el 65.6% de los ingresos totales en el área urbana se distribuyen entre quienes ganan más de $2.888.000 y el restante 34.4% de los ingresos se reparte entre aquellos que ganan en promedio de $214.000 a $2.258.000 quienes, dicho sea de paso, son más del 50% de la población. En síntesis, de la bolsa de ingresos totales, los pocos que ganan mucho se llevan mucho, y los muchos que ganan poco se llevan poco.

Los conductores inscritos en UBER y plataformas similares alcanzan un número realmente considerable de cara a la generación de fuentes de ingreso; por ejemplo, en Nueva York son 118.800 conductores, en Londres 87.000 y en São Paulo 50.000. En Colombia, solo en UBER hay 88.000 conductores inscritos, lo que al menos debe darnos un panorama del impacto que tiene la empresa en la realidad económica del país. Tanto que, de integrar como trabajadores a todos con un salario mínimo asegurado (como se ha propuesto en otras partes del mundo), se convertiría instantáneamente, y por mucho, en el mayor empleador del país, superando al Grupo Éxito, que es el número uno y actualmente tiene 42.000 trabajadores.


Ahora bien, tengamos en cuenta que esos 88.000 conductores inscritos tienen en promedio ingresos de $2.000.000, lo que significa que están dentro de ese más de 50% de la población que recibe menos ingresos, y precisamente es a ellos a quienes se dirigen las prohibiciones y la propaganda sobre cancelación de las licencias por 25 años, como si se tratara de una norma nueva y no de una empolvada que existe desde el año 2002. Esta sanción, no obstante, sirve para demostrar la necesidad de una regulación que permita la coexistencia entre sectores económicos tradicionales (taxis) y plataformas digitales que contribuyen a crear una nueva fuerza laboral.

Una lógica legislativa adecuada es la que responde a las dinámicas sociales y a las necesidades de los ciudadanos, que redunda en un mayor beneficio para todos, y no aquella que pretende hacer que 88.000 conductores se sumen a la tasa del 9,7% de desempleo y a sostener la desmesurada brecha de desigualdad.

Las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte son apenas una muestra de lo que será el futuro del trabajo, y prohibir su operación sería impedir que las personas con menos ingresos mejoren su calidad de vida, al menos mientras no exista un mayor acceso a la educación. Incluso implicaría para el Estado dejar de percibir una cifra para nada despreciable, que obtendría por fácil recaudo de impuestos. En conclusión, tenemos que detenernos a pensar si las disrupciones de la economía colaborativa y digital son beneficiosas o negativas y no solo dejar que sucedan sin hacer nada, o a prohibirlas sin siquiera analizarlas.

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