Publicado el 25 Mayo, 2020

Panóptico de la contratación pública en tiempos del COVID-19

Aunque los avances han sido muchos en las garantías de acceso a la información, se debe mejorar en varios puntos. Por ejemplo, aún falta integrar la información con el Registro Único de Proponentes manejado por las Cámaras de Comercio, en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los procesos de contratación.


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Por: Lina Marcela Peña Pardo / @lionpardo (Twitter).

Desde el 17 de marzo hasta la fecha, Colombia ha invertido 18,12 billones de pesos en 161.893 contratos directos para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. En este marco, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) habilitó una plataforma para hacer seguimiento a los contratos estatales a través de los cuales se están realizando estos grandes montos de inversión.

Sin lugar a duda, la plataforma ha logrado grandes niveles de cobertura con respecto al quehacer de las entidades estatales, pero puede no ser suficiente para cubrir los riesgos que la emergencia genera. Además, hay distintos detalles en los que la plataforma aún debe mejorar. En particular, Colombia Compra Eficiente debe permitir generar un análisis simultáneo con bases de datos de otras entidades estatales, velar que las entidades territoriales realicen un buen uso de la plataforma, y controlar las limitaciones del análisis de la información.

Esta herramienta hace parte de SECOP II, un espacio en la Web que funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las entidades estatales y los proveedores. A través de ella se ha logrado darle mayor funcionalidad y una cobertura más amplia al ciclo de contratación pública. No puede negarse que esta plataforma, junto a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, han permitido generar un control más fuerte sobre la contratación; sin embargo, las alarmas deben prenderse al centrar nuestro análisis en los contratos directos suscritos por urgencia manifiesta.

Esta modalidad de contratación es el reflejo de cómo la normatividad vigente y los decretos legislativos han buscado dotar de herramientas a las entidades para que le hagan frente a la crisis de manera ágil y directa. Sin embargo, para garantizar esta inmediatez, se sacrifican los procesos generales en los que se busca asegurar la libre concurrencia y pluralidad de oferentes (competencia), se habilita la suscripción de contratos sin necesidad de realizar estudios o documentos previos o la suscripción de garantías, se habilitan los traslados presupuestales, se prescinde de que el contrato deba constar por escrito e incluso de que existan acuerdos sobre la remuneración del servicio o bien adquirido antes de la ejecución del contrato. Es en este marco de menores restricciones en el que surge la necesidad de generar y fortalecer los mecanismos de control ciudadano, en particular, el acceso a la información.

La Organización de Transparencia Internacional, en su informe Contrataciones públicas en estados de emergencia: Elementos mínimos que los Gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante la pandemia, asegura que se debe garantizar una máxima apertura de la información de la contratación pública. Asimismo, Juliana Galvis, investigadora para Datasketch, una plataforma digital de periodismo de investigación y de datos, explica que a los “contratos de emergencia hay que ponerles la lupa y estar observando constantemente las adiciones que se estén presentando”. También se debe prestar atención a la estructura técnica SECOP II, pues existen al menos tres aspectos en los cuales la plataforma tendría que mejorar.

En primer lugar, aún falta integrar la información con el Registro Único de Proponentes manejado por las Cámaras de Comercio, en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los procesos de contratación (experiencia, capacidad jurídica, organizacional y financiera de los proponentes) al igual que las multas y sanciones impuestas por la administración. El mismo problema se da con la integración de la información que tienen a la mano tanto la Superintendencia de Industria y Comercio, como la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación; entidades cuya información ampliaría la competencia y el buen uso de los recursos en el proceso contractual.

A la fecha, la información de las entidades públicas sigue estando desarticulada. Una situación sobre la que alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del informe Marcando la diferencia en la prestación de servicios públicos: la revisión del sistema de contratación pública en Colombia. De hecho, en el documento se recomienda precisamente la integración de las diferentes fuentes de información.

Un segundo aspecto que debe mejorar el SECOP II, para así garantizar el acceso público a la información, es la eficiencia en el uso de estas plataformas por las entidades territoriales (departamentos y alcaldías). Debe mencionarse que, para finales del 2019, no era obligatorio para las entidades territoriales hacer uso de la plataforma en los procesos de contratación. Fue solo con la Circular Externa N.° 2 de Colombia Compra Eficiente que se determinó la obligatoriedad del uso de SECOP II desde el 1 de abril de 2020 para estas entidades.

Es decir, desde hace menos de dos meses existe obligatoriedad para las alcaldías y los departamentos de gestionar todos sus procesos de contratación exclusivamente en el SECOP II, lo que implica un verdadero reto en la implementación de esta medida, dadas las circunstancias de la Emergencia Económica.

En tercer lugar, Juliana Galvis aseguró que los datos no son del todo confiables, pues “[l]os datos de contratación pública están completamente sucios, […] es muy difícil que una máquina los procese […] de manera fácil”.

También explica que no es posible realizar el análisis de los datos debido a lo que se llama Efecto Britney Spears, que evidencia las muchas formas en cómo los nombres pueden ser escritos dentro de las plataformas. Un problema similar pasa con los montos de los contratos. De hecho, Galvis alerta que el monto final de un contrato o las adiciones y modificaciones solo pueden conocerse una vez se han finalizado.

Es claro que los niveles de inversión pública en este tipo de emergencias aumentan abismalmente la contratación pública, pues tiene como objetivo suplir la demanda de bienes y servicios para hacerle frente a la crisis. Es así como plataformas como SECOP II, juegan un papel fundamental para realizar este control ciudadano. Y aunque los avances han sido muchos en las garantías de acceso a la información, aún faltan temas en los cuales hay que seguir trabajando.

Por esto, SECOP II debe poder facilitar un análisis simultáneo de la información entre diferentes entidades estatales, velar porque las entidades territoriales cumplan su obligación de usar la plataforma de manera adecuada más aún en tiempos de pandemia, e incluso limpiar las restricciones en el acceso a la información aun presentes.

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